Maite Reyes Retana
¿Violó el Bar Bar alguna disposición legal al permanecer abierto hasta altas horas de la madrugada? Seguramente sí, y lo hizo con la complicidad de las autoridades delegacionales.
Esto es grave, pero tiene una explicación lógica: la Ley de Establecimientos Mercantiles, que obliga a antros y bares a dejar de vender bebidas alcohólicas a las 2:30 de la mañana y cerrar a las 3, es absolutamente absurda ¿Porque el gobierno nos va a decir a los ciudadanos hasta que hora tenemos derecho a reventarnos?
Es claro que cualquier ley absurda como ésta, que pretenda sancionar las libertades, esté condenada, desde el inicio, al fracaso. Y no es raro, pues, que existan resquicios legales para violarlas. Lo mismo sucede con los ciudadanos que avisan, a través de las redes sociales, de la localización del alcoholímetro, para prevenir a sus conocidos y evitar así la detención.
A pesar de que muchos han dicho que el problema de fondo es el consumo excesivo de alcohol de los mexicanos, y que el caso de Cabañas solamente demuestra que estar en un bar, bebiendo, hasta las 5 de la mañana es casi sinónimo de violencia, no estoy de acuerdo.
Ni creo que sea condenable que un futbolista, o cualquier ciudadano, salga y se desvele en domingo. Esos comentarios moralistas me parecen de hecho ridículos y peligrosos: si el Estado empieza a meterse con los vicios y placeres de los ciudadanos, pronto lo tendremos observando nuestras camas.
Yo creo que el problema es la impunidad con que cuentan algunos para portar armas. Basta pararse afuera de Sport City Polanco, o de Cinemex o de algunas universidades y escuelas para ver una multitud de guaruras, todos armados.
¿Quién les dio licencia para portar armas? Quien sabe, el hecho es que las portan y obedecen órdenes de patrones, estén estos sobrios, briagos o drogados.
El asesinato de Luis Alfonso Belmar a manos de un guarura en 2006, en pleno día y en el Viaducto, debió haber prendido algunas alarmas, pero no lo hizo y la razón es clara: la gente que contrata guaruras es rica, más rica que la media por lo menos, y por lo tanto intocable para nuestras autoridades.
Que Salvador Cabañas haya discutido con el JJ por una mujer, o que si el cuñado le coqueteó a la cubana, resulta irrelevante. Pretender controlar estos roces sería tanto como que todos nos encerráramos en nuestras casas para evitar posibles problemas con los otros. Lo que si se puede, y se debe controlar, es que haya gente armada en lugares públicos, y que actúa en total impunidad.
En el caso de Luis Alfonso Belmar, las autoridades nunca investigaron para quién trabajaba el asesino, y el caso sigue sin resolverse. Se dijo que el guarura trabajaba con la familia Funtanet, pero la investigación no arrojó ningún resultado. Y esto a pesar de que, según fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en 2004 se interpuso una denuncia contra Francisco Funtanet Mange después de que presuntamente éste ordenó a sus escoltas golpear a Enrique Vargas del Villar. Tampoco en ese caso se hizo justicia.
La impunidad de que gozan los ricos, y el poder que esto les confiere, es, creo yo, uno de los más graves problemas a los que nos enfrentamos. Quiero ver quien va a ser el valiente que se atreva a decirle a Slim, o a Azcárraga, o a cualquier otro millonario que sus guaruras no tienen derecho a portar armas. Y quiero ver que dueño de bar o restaurante le niega la entrada a clientes que gastan miles de pesos en una noche.
Lo peligroso no es salir en la noche, no caigamos en la tentación de condenar la diversión. Lo realmente peligroso es la combinación de impunidad, prepotencia, corrupción y complicidad entre intocables y autoridades.
miércoles, 27 de enero de 2010
jueves, 21 de enero de 2010
HAITÍ YA EXISTÍA
Maite Reyes Retana
El primer amigo que tuve en mi vida era haitiano, hijo del embajador de ese país en México. No me acuerdo de su apellido, puesto que nuestra amistad de remonta a muchísimos años, pero si tengo fresca en la memoria la espectacularidad de sus fiestas de cumpleaños.
Yo entonces no entendía que el papá de Paul era el embajador de la dictadura y que, si bien ellos vivían como reyes, la enorme mayoría de sus paisanos se hundía en la miseria y la injusticia.
Tuve otra amiga haitiana, Nadine. Ella y toda su familia viven en Nueva York, alimentando la cifra de casi dos millones de haitianos, de un país de diez millones de habitantes, que optaron por el exilio. Las remesas representan casi un tercio del PIB del país caribeño.
No es de extrañar que la gente se vaya, puesto que Haití es uno de los países más pobres del mundo, y el más pobre del hemisferio occidental. . De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD (2002), ocupa el lugar 146 de 173 países; dos tercios de los haitianos viven en el umbral de la pobreza y la mitad en la extrema pobreza.
Como si esto no fuera suficiente, Haití es azotada por ciclones e inundaciones periódicamente, y presenta grandes problemas de erosión, deforestación y escasez de agua potable.
Hoy todo esto sale a la luz, pero ya existía antes del sismo. Haití, un país creado como depósito de esclavos negros, no ha podido, desde su independencia, darse instituciones democráticas capaces de impulsar el desarrollo. Ya en 1806, y después del asesinato de Jean Jacques Dessalines, héroe independentista, el país se dividió en dos: al norte, un reino dirigido por Henri Christophe, al sur, una república gobernada por Alexandre Sabès, llamado Pétion.
Los primeros tiempos de la historia de Haití fueron difíciles, marcados por indisolubles luchas de poder entre los negros y los mulatos. Aún dependiente financieramente de Francia, Haití no lograba consolidarse políticamente.
En 1957, después de innumerables revueltas, invasiones extranjeras y un gobierno militar, llegó al poder, electo con el apoyo de los negros que veían en él la forma de luchar contra las élites mulatas, François Duvalier, el infame "Papa Doc”. Duvalier impuso una política extremadamente represiva y recibió del Parlamento la autorización de gobernar por decretos.
El régimen Duvalier se apoyaba en una milicia paramilitar, los Voluntarios de la Seguridad Nacional (VSN), apodados los "tontons macoutes", que sembraron el terror en las filas de la oposición y lograron sofocar toda resistencia. Duvalier pronunció la disolución del Parlamento el 8 de abril de 1961. Solamente en 1967 fueron ejecutados 2000 opositores.
Papa Doc se aseguró que, a su muerte, su hijo heredaría el poder: en enero de 1971, la Asamblea Nacional enmendó la Constitución en este sentido. A la muerte del dictador, el 21 de abril de 1971, Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, de solamente 19 años, accedió a la presidencia de Haití. En 1986, un levantamiento popular derrocó a Jean-Claude Duvalier, que partió a refugiarse en el sur de Francia.
Pero el fin de la era Duvalier no marcó el inicio del desarrollo democrático: Jean Bertrand Aristide, primer presidente electo democráticamente, fue derrocado y partió a Estados Unidos, y el país fue sometido a bloqueo económico en 1993, precipitando la degradación sanitaria y alimentaria.
En 1994 tropas estadounidenses desembarcaron en Haití y en 1996 fue electo René Preval, quien sería reelecto en 2006.
Todo esto, la pobreza, la falta de instituciones democráticas, el descontento generalizado, ya existían antes del temblor ¿Y dónde estaba entonces la comunidad internacional? ¿A quién le importaba Haití?
Ojalá que esta tragedia sirva para hacernos entender que la pobreza y las injusticias sociales no pueden controlarse eternamente, que las bombas de tiempo acaban por estallar.
El primer amigo que tuve en mi vida era haitiano, hijo del embajador de ese país en México. No me acuerdo de su apellido, puesto que nuestra amistad de remonta a muchísimos años, pero si tengo fresca en la memoria la espectacularidad de sus fiestas de cumpleaños.
Yo entonces no entendía que el papá de Paul era el embajador de la dictadura y que, si bien ellos vivían como reyes, la enorme mayoría de sus paisanos se hundía en la miseria y la injusticia.
Tuve otra amiga haitiana, Nadine. Ella y toda su familia viven en Nueva York, alimentando la cifra de casi dos millones de haitianos, de un país de diez millones de habitantes, que optaron por el exilio. Las remesas representan casi un tercio del PIB del país caribeño.
No es de extrañar que la gente se vaya, puesto que Haití es uno de los países más pobres del mundo, y el más pobre del hemisferio occidental. . De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD (2002), ocupa el lugar 146 de 173 países; dos tercios de los haitianos viven en el umbral de la pobreza y la mitad en la extrema pobreza.
Como si esto no fuera suficiente, Haití es azotada por ciclones e inundaciones periódicamente, y presenta grandes problemas de erosión, deforestación y escasez de agua potable.
Hoy todo esto sale a la luz, pero ya existía antes del sismo. Haití, un país creado como depósito de esclavos negros, no ha podido, desde su independencia, darse instituciones democráticas capaces de impulsar el desarrollo. Ya en 1806, y después del asesinato de Jean Jacques Dessalines, héroe independentista, el país se dividió en dos: al norte, un reino dirigido por Henri Christophe, al sur, una república gobernada por Alexandre Sabès, llamado Pétion.
Los primeros tiempos de la historia de Haití fueron difíciles, marcados por indisolubles luchas de poder entre los negros y los mulatos. Aún dependiente financieramente de Francia, Haití no lograba consolidarse políticamente.
En 1957, después de innumerables revueltas, invasiones extranjeras y un gobierno militar, llegó al poder, electo con el apoyo de los negros que veían en él la forma de luchar contra las élites mulatas, François Duvalier, el infame "Papa Doc”. Duvalier impuso una política extremadamente represiva y recibió del Parlamento la autorización de gobernar por decretos.
El régimen Duvalier se apoyaba en una milicia paramilitar, los Voluntarios de la Seguridad Nacional (VSN), apodados los "tontons macoutes", que sembraron el terror en las filas de la oposición y lograron sofocar toda resistencia. Duvalier pronunció la disolución del Parlamento el 8 de abril de 1961. Solamente en 1967 fueron ejecutados 2000 opositores.
Papa Doc se aseguró que, a su muerte, su hijo heredaría el poder: en enero de 1971, la Asamblea Nacional enmendó la Constitución en este sentido. A la muerte del dictador, el 21 de abril de 1971, Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, de solamente 19 años, accedió a la presidencia de Haití. En 1986, un levantamiento popular derrocó a Jean-Claude Duvalier, que partió a refugiarse en el sur de Francia.
Pero el fin de la era Duvalier no marcó el inicio del desarrollo democrático: Jean Bertrand Aristide, primer presidente electo democráticamente, fue derrocado y partió a Estados Unidos, y el país fue sometido a bloqueo económico en 1993, precipitando la degradación sanitaria y alimentaria.
En 1994 tropas estadounidenses desembarcaron en Haití y en 1996 fue electo René Preval, quien sería reelecto en 2006.
Todo esto, la pobreza, la falta de instituciones democráticas, el descontento generalizado, ya existían antes del temblor ¿Y dónde estaba entonces la comunidad internacional? ¿A quién le importaba Haití?
Ojalá que esta tragedia sirva para hacernos entender que la pobreza y las injusticias sociales no pueden controlarse eternamente, que las bombas de tiempo acaban por estallar.
miércoles, 13 de enero de 2010
POLÉMICA POR LA HOMOFOBIA: QUE SE APLIQUE LA LEY
Maite Reyes Retana
Que los curas no quieran casar parejas del mismo sexo es entendible. Dentro de sus Iglesias, ellos deciden las reglas, y los que quieran jugar con ellas se adaptan. Los que no queremos jugar bajo las reglas de la religión, simplemente no jugamos y ya está.
No condeno que la Iglesia Católica critique los matrimonios gays o la interrupción legal del embarazo; me parece perfectamente lógico.
Lo que ya creo que es un exceso es que los dirigentes católicos pretendan incidir en las políticas públicas. En México, afortunadamente, tenemos una Constitución que garantiza la separación entre Estado e Iglesia y, así como ningún líder político puede decirle a ninguna congregación como vivir su fe, ningún credo religioso puede inmiscuirse en asuntos civiles, que le corresponden al Estado.
Que el Arzobispado llame en su semanario Desde la Fe a no votar por el PRD es un exceso; sería tanto como que un líder político llamara a sus militantes a abandonar su fe. La ley es muy clara: el Código Penal, en el capítulo de delitos electorales, sanciona con multas a los ministros de cultos religiosos que, “en el desarrollo de actos públicos propios de su ministerio, induzcan expresamente al electorado a votar a favor o en contra de un candidato o partido político, o a la abstención del ejercicio del derecho a voto”. Esta prohibición también es contemplada en el artículo 35 del Cofipe.
Sé que el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo genera polémica, pero aplicar la ley sin duda abonaría a destensar el ambiente. Y lo mismo aplica en el caso de Esteban Arce y sus comentarios homofóbicos. El artículo noveno de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación prohíbe toda forma de discriminación, definida esta como: “ofender, ridiculizar o promover la violencia basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra” (inciso XV).
No se trata, como se ha dicho insistentemente, de violar el derecho a la libre expresión de nadie. Este es, para mí, un debate artificial. Lo realmente importante es que las autoridades hagan cumplir la ley y garanticen que se apliquen las sanciones establecidas, en todos los casos.
Y deberíamos empezar por explicarle a Mariana Gómez del Campo, asambleísta, que una ley aprobada por un poder legislativo legalmente constituido es legítima. Me parece indignante que ella, que debería ser la primera en saberlo, intente manipular a la esposa del Jefe de Gobierno para hacerlo recapacitar. Que Gómez del Campo pretenda que una ley sea echada para abajo por las artes maritales de Mariagna Pratts es aberrante.
Que se aplique la ley, nada más.
Resumen
Que los curas no quieran casar parejas del mismo sexo es entendible. Dentro de sus Iglesias, ellos deciden las reglas, y los que quieran jugar con ellas se adaptan. Los que no queremos jugar bajo las reglas de la religión, simplemente no jugamos y ya está.
No condeno que la Iglesia Católica critique los matrimonios gays o la interrupción legal del embarazo; me parece perfectamente lógico.
Lo que ya creo que es un exceso es que los dirigentes católicos pretendan incidir en las políticas públicas. En México, afortunadamente, tenemos una Constitución que garantiza la separación entre Estado e Iglesia y, así como ningún líder político puede decirle a ninguna congregación como vivir su fe, ningún credo religioso puede inmiscuirse en asuntos civiles, que le corresponden al Estado.
Que el Arzobispado llame en su semanario Desde la Fe a no votar por el PRD es un exceso; sería tanto como que un líder político llamara a sus militantes a abandonar su fe. La ley es muy clara: el Código Penal, en el capítulo de delitos electorales, sanciona con multas a los ministros de cultos religiosos que, “en el desarrollo de actos públicos propios de su ministerio, induzcan expresamente al electorado a votar a favor o en contra de un candidato o partido político, o a la abstención del ejercicio del derecho a voto”. Esta prohibición también es contemplada en el artículo 35 del Cofipe.
Sé que el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo genera polémica, pero aplicar la ley sin duda abonaría a destensar el ambiente. Y lo mismo aplica en el caso de Esteban Arce y sus comentarios homofóbicos. El artículo noveno de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación prohíbe toda forma de discriminación, definida esta como: “ofender, ridiculizar o promover la violencia basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra” (inciso XV).
No se trata, como se ha dicho insistentemente, de violar el derecho a la libre expresión de nadie. Este es, para mí, un debate artificial. Lo realmente importante es que las autoridades hagan cumplir la ley y garanticen que se apliquen las sanciones establecidas, en todos los casos.
Y deberíamos empezar por explicarle a Mariana Gómez del Campo, asambleísta, que una ley aprobada por un poder legislativo legalmente constituido es legítima. Me parece indignante que ella, que debería ser la primera en saberlo, intente manipular a la esposa del Jefe de Gobierno para hacerlo recapacitar. Que Gómez del Campo pretenda que una ley sea echada para abajo por las artes maritales de Mariagna Pratts es aberrante.
Que se aplique la ley, nada más.
Resumen
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