Maite Reyes Retana
Que los curas no quieran casar parejas del mismo sexo es entendible. Dentro de sus Iglesias, ellos deciden las reglas, y los que quieran jugar con ellas se adaptan. Los que no queremos jugar bajo las reglas de la religión, simplemente no jugamos y ya está.
No condeno que la Iglesia Católica critique los matrimonios gays o la interrupción legal del embarazo; me parece perfectamente lógico.
Lo que ya creo que es un exceso es que los dirigentes católicos pretendan incidir en las políticas públicas. En México, afortunadamente, tenemos una Constitución que garantiza la separación entre Estado e Iglesia y, así como ningún líder político puede decirle a ninguna congregación como vivir su fe, ningún credo religioso puede inmiscuirse en asuntos civiles, que le corresponden al Estado.
Que el Arzobispado llame en su semanario Desde la Fe a no votar por el PRD es un exceso; sería tanto como que un líder político llamara a sus militantes a abandonar su fe. La ley es muy clara: el Código Penal, en el capítulo de delitos electorales, sanciona con multas a los ministros de cultos religiosos que, “en el desarrollo de actos públicos propios de su ministerio, induzcan expresamente al electorado a votar a favor o en contra de un candidato o partido político, o a la abstención del ejercicio del derecho a voto”. Esta prohibición también es contemplada en el artículo 35 del Cofipe.
Sé que el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo genera polémica, pero aplicar la ley sin duda abonaría a destensar el ambiente. Y lo mismo aplica en el caso de Esteban Arce y sus comentarios homofóbicos. El artículo noveno de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación prohíbe toda forma de discriminación, definida esta como: “ofender, ridiculizar o promover la violencia basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra” (inciso XV).
No se trata, como se ha dicho insistentemente, de violar el derecho a la libre expresión de nadie. Este es, para mí, un debate artificial. Lo realmente importante es que las autoridades hagan cumplir la ley y garanticen que se apliquen las sanciones establecidas, en todos los casos.
Y deberíamos empezar por explicarle a Mariana Gómez del Campo, asambleísta, que una ley aprobada por un poder legislativo legalmente constituido es legítima. Me parece indignante que ella, que debería ser la primera en saberlo, intente manipular a la esposa del Jefe de Gobierno para hacerlo recapacitar. Que Gómez del Campo pretenda que una ley sea echada para abajo por las artes maritales de Mariagna Pratts es aberrante.
Que se aplique la ley, nada más.
Resumen
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Maite
ResponderEliminarLa iglesia católica ha sido, al menos por los últimos 2010 años, un factor de poder ineludible en el mundo occidental. Las otras iglesias también, aunque probablmente en menor medida por su número de devotos.
Naturalmente influyen tanto en política como en la ley, porque moldean con sus creencias sobre lo moral e inmoral las reglas de la convivencia social. Lo interesante es dónde se pinta la raya; a cierto cura que supuestamente hace casi 200 años arengó al pueblo contra el gobierno de entonces lo han festejado como "padre de la patria", y al vocero de la arquidiócesis de México ahora lo quieren fusilar por su llamado a no acatar las leyes "de los hombres" que ellos consideran "perversas".
No dejes de atender aquí al paralelismo con el Peje/AMLO: éste llamaba a no acatar leyes que le desfavorecían y en este caso llaman a no obedecer una ley que tachan de perversa porque también les es contraria. Hay que reconocerles algo; aunque las iglesias son mercantilistas rayando en la simonía, al menos son congruentes y sacrifican el negociazo que sería rentar iglesias para matrimonios homosexuales y lésbicos en aras de sustentar sus dogmas.
En lo que coincido plenamente contigo es en que no pueden pretender imponer sus creencias a quienes no las comparten y en que URGE que se aplique la ley, con todo su rigor.
En cuanto a lo primero, viviendo en un Estado que ya no es ni teocéntrico ni devocional, sino que pretende ser espiritualmente neutro, no puede haber cabida para las imposiciones de ningún credo. En ese plan, pues además habría que permitir la poligamia de los mormones, imponer la circucisión y la comida kosher, prohibir el consumo de alcohol y que las mujeres se cubrieran el cabello con mascadas, etc.
Me resulta interesante que sólo los que siguen a Jesús de Nazareth se opongan al matrimonio homosexual; no se ha publicitado tanto la postura de la comunidad judía ni de los budistas. En cualquier caso, es un hecho que en un estado de derecho y que pretende ser laico los dictados de una devoción no pueden prevalecer sobre los de los poderes legislativos.
Hablando de estado de derecho, es urgente que se apliquen las leyes de asociaciones religiosas y los códigos penales y electorales. Como escribí en una nota sobre el asunto del tal "Alondra", tanto vulnera al estado de derecho un robo cualquiera como la omisión de la autoridad en actuar, aún en algo así. No difiere para nada en esencia no sancionar a quienes transgredan las disposiciones que citaste de la connivencia con el ambulantaje o los grupos de presión que sofocan las ciudades con sus marchas y plantones.
En cuanto a que Mariana Gómez apele a Mariana Prats para que convenza a su marido Marcelo de dar marcha atrás a la ley, sí es patético pues publicada ésta ya no hay nada que Ebrard pudiera hacer. Aunque no pierdas de vista que, revisando la historia del mundo, más se ha resuelto y decidido en lechos y alcobas que en palacios legislativos.
De acuerdo con todo.
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