¿DE VERDAD CALDERÓN LE TIENE MIEDO A AMLO?

Maite Reyes Retana

A estas alturas del partido, ya todos sabemos cómo estuvo la toma, el sábado en la noche, de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. Suponemos también que el Gobierno Federal calculó bien su jugada, y amarró perfectamente los requerimientos legales de la extinción de LyFC. Nada más faltaba, considerando de Fernando Gómez Mont es un gran abogado, independientemente de que nos caiga bien o mal.
El golpe se veía venir: desde que la Secretaría del Trabajo se negó a darle la toma de nota a Martín Esparza, se empezó a murmurar que la muerte de la paraestatal estaba cerca. Y así fue, a Calderón no le tembló la mano para publicar en el Diario Oficial de la Federación el decreto de extinción.
Como era de esperarse, los empleados de Luz y Fuerza protestaron por la medida, y no es para menos, considerando que decenas de miles de electricistas se encontrarán en el desempleo, en plena crisis política.
Es cierto que el gobierno les ha ofrecido una liquidación con la que ni siquiera soñamos la mayoría de los empleados, pero eso no quita que ya pasaron a formar parte de las filas del desempleo.
El SME, era previsible, condenó la acción del gobierno federal y, secundado por personajes identificados con la izquierda y por ciertos columnistas, afirmó que la medida era política y que obedecía al apoyo que los electricistas le otorgaron a AMLO en las elecciones de 2006.
A mí tal acusación me parece, por decir lo menos, absurda ¿De verdad podemos aceptar que Calderón desmantelara una empresa paraestatal, que sirve a más de 20 millones de personas, porque le da miedo el 3 o 4% de votos que obtuvo el PT en las pasadas elecciones? Incluso si le sumamos el 12% obtenido por el PRD, suponiendo que el sol azteca todavía apoye a López Obrador, es ridículo achacarle la extinción de LyFC a una vendetta política.
Esta versión pretende hacernos olvidar, por ejemplo, que la empresa era ineficiente y cara. Que eran los propios empleados los que colocaban los “diablitos” para que algunos no pagaran la luz, mientras que otros la pagamos muy cara.
O que cerremos los ojos ante los despilfarros del sindicato cuyo líder, Martín Esparza, posee una finca en la que prepara jinetes. La finca de marras cuenta con caballerizas, criadero de gallos y salón de eventos, además de dos antenas aéreas de radiocomunicaciones, algo no demasiado común en el pueblo de Juandhó Tetepango, Hidalgo, lugar natal de Esparza.
Como por pura casualidad, el subsecretario general del SME en Juandhó es Pablo Esparza, hermano de Martín, y fue esta una de las localidades en las que éste último arrasó en las elecciones sindicales pasadas. Tan bien le fue a Esparza en su pueblo que ahí votaron mil 92 trabajadores activos y jubilados, no obstante que sólo 357 integran el padrón.
Pero los intentos de AMLO y el SME en el sentido de acusar al gobierno de autoritario y de victimizar a los electricistas no han rendido frutos: según la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, el 80% de los encuestados se declara a favor de la intervención del gobierno; el 60% considera que el SME es corrupto.
Tampoco le ayudan mucho al SME que lo apoye Francisco Hernández Juárez, líder de los telefonistas desde 1976 y de la UNT desde 1997, o los mineros napistas, el líder minero que huyó a Canadá ante acusaciones de robo.
Y a todo esto hay que añadirle que la extinción de LyFC dejará ahorros por 18 mil millones de pesos.
Es pues deshonesto esgrimir la violación a los derechos humanos y laborales de los electricistas, en una muestra del corporativismo más atrasado, pretendiendo ocultar la razón más evidente de su extinción: la compañía no hacía bien su trabajo y nos costaba muy cara a todos los mexicanos, punto.