miércoles, 4 de noviembre de 2009

¿De veras ya no hay ambulantes?

Maite Reyes Retana
El lunes pasado, aprovechando el puente, fui al Centro, específicamente a la calle del Carmen. Presencié una escena ya familiar para los que recorremos habitualmente la zona: en la banqueta, tres policías estaban parados junto a un grupo de vendedores ambulantes, que habían guardado su mercancía en bolsas de plástico oscuro. Todos sabíamos, los policías incluidos, que, en cuanto se dieran la media vuelta, los ambulantes sacarían sus productos y continuarían con su venta en la vía pública.

Marcelo Ebrard ha repetido hasta el cansancio que el Centro está libre de ambulantes, y yo me pregunto si lo hace confiado en que los visitantes se limitarán a recorrer calles como Tacuba, 5 de Mayo, Madero o la recién arreglada Regina, estas sí limpias de comercio en vía pública.

Pero la historia cambia en El Carmen, Perú, Girón, Rodríguez Puebla, Venezuela o La Soledad. Y si yo lo sé, con más razón lo saben las autoridades ¿Por qué no hacen nada?

La respuesta es sencilla: porque los últimos gobiernos han sido incapaces de generar empleos; por lo tanto, mantener a la gente ocupada, aunque sea en la informalidad, le soluciona el problema. Por otra parte, los vendedores ambulantes no tienen derecho a la seguridad social, lo que le quita presión al Estado.

Los ambulantes, las prostitutas o todos los empleados que trabajan con contratos de honorarios, o directamente sin contrato, representan el fracaso absoluto del Estado, su incapacidad para generar empleos, seguridad social y jubilaciones.

Según el informe de la OCDE “Panorama del empleo 2008”, la informalidad en México “…representa el 60% de la Población Económicamente Activa, sin seguridad social, y la mayoría gana menos de lo que obtendría en un sector formal, lo que sugiere que el empleo informal es una estrategia de supervivencia”.

Además de paliar el problema del desempleo, la informalidad cumple otra función importante para los gobiernos: allegarles recursos directos que no son auditables. Los líderes de comerciantes ambulantes, al igual que los proxenetas, pagan por un espacio en la calle y por la seguridad de sus trabajadores directamente a la patrulla o a ciertas autoridades delegacionales o locales. Esos pagos, evidentemente, nunca pasan por la revisión de la Asamblea Legislativa o de ninguna Contraloría. Pueden pues ser utilizados de manera absolutamente discrecional.

Pese a discursos en contrario, al gobierno no le interesa abatir el ambulantaje, que haría con esas millones de personas a las que no es capaz de ofrecerle empleo y prestaciones?

Lo grave aquí es que, mientras las autoridades solapan a los ambulantes, la economía formal, esa que podría crear empleos y que paga impuestos, se ve seriamente afectada por la competencia desleal. El gobierno, y me refiero al federal y a los locales, fiel a su costumbre, parcha hoyos sin resolver el problema de fondo. No nos extrañe pues que la economía no se reactive.

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