miércoles, 11 de febrero de 2009

Religión y prostitución

Maite Reyes-Retana

La semana pasada, a raíz de mi artículo sobre la Casita del Sur, recibí varios comentarios, por demás interesantes, acerca de como los vacíos de poder gubernamentales permiten que este tipo de cosas sucedan.
No puedo sino estar de acuerdo con ellos: si el gobierno asumiera su responsabilidad con los grupos vulnerables, como los niños víctima de violencia doméstica, no existirían lugares como la Casita del Sur. O, por lo menos, estarían mucho más vigilados.
Leyendo los comentarios, me vino a la mente otro caso en el que el gobierno se ha lavado las manos: el de la prostitución.
En 1998 se fundó el Centro de Atención Integral y Servicios, destinado a apoyar a las trabajadoras sexuales con asesoría legal, médica y psicológica. En él participaban la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y diversas instancias del Gobierno del DF, como el Instituto de las Mujeres y el Instituto de Asistencia Social y la UAM-Iztapalapa.
Cuatro años después, el CAIS cerró sus puertas por presiones de las madrotas, temerosas de que sus muchachas emprendieran el camino de la emancipación, a pesar de que al CAIS acudían sobre todo trabajadoras sexuales independientes, que aprendieron sobre derechos humanos y género.
Jesús Robles Maloof, uno de sus fundadores, sostuvo en entrevista de la época que el CAIS “rompió los equilibrios que gobiernos anteriores crearon, porque las mujeres comenzaron a presionar para dejar de pagar su cuota a sus protectoras, se negaron a tener relaciones sin condón y cuestionaron los métodos oficiales. Sus actitudes afectaron el negocio y las presiones de los grupos contra las autoridades comenzaron”.
Explicó también que “el trabajo con mujeres empoderadas se torna más difícil en un contexto donde, por naturaleza, las relaciones entre instituciones, protectores y autoridades son difíciles”.
Hubo, aseguró, amenazas a funcionarios del Centro y algunas dirigentes advirtieron que si éste no cerraba, "aparecerían cuchillos en la Merced", en referencia a que correrían peligro las mujeres que acudían al lugar.
A raíz del cierre del CAIS, las mujeres perdieron su lugar de reunión, y el gobierno no pudo, o no quiso, proporcionarles otro. Sin duda temeroso del poder de las madrotas, prefirió no meterse en broncas y cerró los ojos.
Y le cedió gustoso la responsabilidad a una orden religiosa, las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, cuya misión es “acoger a la mujer prostituida”. En el Centro Madre Antonia, ubicado en el corazón de la zona roja, tienen guardería, consultorio médico y psicológico. “Tenemos psicóloga, trabajadora social; talleres de desarrollo humano, de manualidades y la estancia infantil”, dice la hermana Enriqueta, una de las hermanas encargadas de la administración del Centro.
Es decir, lo mismo que el CAIS, pero con una visión absolutamente diferente: si en el primero la prioridad era el empoderamiento de las mujeres a través del conocimiento de sus derechos, en el segundo es el perdón divino y el arrepentimiento.
¿Que tan bueno puede ser para una trabajadora sexual cargar con todo el peso de la culpa cristiana, en vez de entender la violencia y la explotación por razones de género?
¿Se vale que el gobierno se deshaga así de su responsabilidad, sin vigilar siquiera en manos de quién recae esta? Algo está claro: las Oblatas trabajan, y mucho, para mantener su Centro funcionando. Realizan trabajo de campo, salen a las calles a buscar a las mujeres y las acompañan en procesos difíciles. No veo a ningún gobierno dispuesto a hacerlo.

1 comentario:

  1. Maite, ¿no te acuerdas de dónde le empezaron a llegar fondos al municipio de San Pedro de los Aguarros en "La Ley de Herodes"? ¡De las mordidas de la madame de la casa de citas local!

    Interesante encabezado de tu nota, "Religión y Prostitución"; como cantaba Frank Sinatra: "You can't have one without the other, no Sr!".

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