¿Un Partido de Verdad Mocho?

En estos días se ha difundido la idea de la Arquidiócesis Primada de México para constituir un partido político constituido por grupos laicos que promueven los preceptos de la fe católica(http://www.eluniversal.com.mx/notas/568648.html). El tema ha generado reacciones adversas y francamente opositoras al tema de parte de todos los actores políticos (http://www.eluniversal.com.mx/primera/32328.html), incluido el PAN, para sorpresa de muchos. Sea cual fuere la opinión que se tuviera del asunto, no se debe perder de vista que uno de los pilares de la democracia que, después de largos y costosos intentos, cuyo centenario estamos a escasamente un año de celebrar, se trata de construir en México es la diversidad ideológica y política, por la cual también se pugna en otros ámbitos.


Hay varias lecturas importantes que se podrían hacer de esto. Una es que esto podría ser indicativo de que los grupos más radicalmente conservadores que, según quienes atacan al PAN forman parte del mismo, como el susodicho "Yunque", podrían ya no estar encontrando los espacios que pretenden al interior de ese instituto político, razón por la cual podrían buscar formar el propio. De ser el caso, sería interesante pues podría ser motivo del cese de ataques al PAN por parte de quienes lo denominan "conservador" (es decir, quienes han manejado la política mexicana como se hacía en el Siglo XIX), "mocho" y cosas por el estilo.


La otra es sobre el hecho que el dogma del artículo 130 constitucional, que consagra "el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias" siga siendo, precisamente un dogma, y la reflexión sobre si es deseable o conveniente que lo sea. Ese dogma del Estado mexicano laico sigue siendo considerado por los más renombrados constitucionalistas de este país como una "decisión política fundamental" del pueblo de México. Esa "decisión política fundamental" tiene su explicación y origen en los abusos y excesos del clero mexicano durante el Siglo XIX, pero particularmente por haber apoyado al grupo "conservador" en contra del "liberal" que promulgó la constitución de 1857.



Paréntesis: ¿ya ven de dónde viene y a qué obedece la retórica que se proclama "liberal" y tilda de "conservadores" a los que le son contrarios? ¿Entienden por qué se usó el águila de la República juarista?



Las Leyes de Reforma (http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_reforma) que Benito Juárez promulgó como presidente (¿"legítimo"?) sustituto en ausencia del presidente electo, Ignacio Comonfort, privaron a la Iglesia de muchas de sus prerrogativas, al nivel de que como reacción el Vaticano retiró a los obispos de la propia Arquidiócesis mexicana (así como hoy día se retiran embajadores en Sudamérica). Las relaciones con la Santa Sede se mantuvieron en suspenso largo tiempo y aún reestablecidas sufrieron el nuevo embate de la ley reglamentaria del citado artículo 130 de la constitución de 1917 durante el maximato de Plutarco Elías Calles, y no fueron reestablecidas sino hace poco más de 16 años, durante el Salinato, con las reformas al propio artículo 130 constitucional y su ley reglamentaria, por las que se volvió a reconocer la personalidad jurídica de las iglesias, ahora etiquetadas como "asociaciones religiosas".

La "cultura de laicismo" en lo político que algunos sostienen ha sido elevada a la propia constitución en forma de prohibiciones para que los ministros de culto ocupen cargos públicos, sean votados para cargos de elección popular, se asocien con fines políticos (por eso el partido tiene que ser formado por grupos civiles afines a la iglesia, pero que no sean ministros de culto). Tampoco se pueden formar grupos políticos cuya denominación incluya referencias confesionales (no puede haber uno denominado "partido católico mexicano", como tampoco sería permitido uno llamado "partido budista mexicano", por ejemplo).

Si bien esto último puede sonar como contrario a los derechos políticos de los clérigos, es importante comentar que existen disposiciones similares, por ejemplo, en Paraguay, cuyo actual mandatario Fernando Lugo (http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Lugo) fue obispo católico por muchos años, pretendió renunciar al clero para asumir la presidencia y logró que Benedicto XVI le otorgara status de laico para tal efecto.

Entonces el siguiente análisis que se debe hacer es sobre la legalidad de la constitución de un partido político de ideología abierta y estrictamente católica. La intolerancia religiosa no debería ser tema, pues la intolerancia política, demostrada con la toma de tribunas al inicio de la presente Legislatura del Congreso, no ha sido impedimento para la existencia de otros partidos políticos; por tanto no habría razón suficiente para el impedimento. La discusión debe ser, en principio, estrictamente legal.

Despejado (no es alusión a nadie) el cuestionamiento jurídico, y asumiendo que no hubiera impedimento legal para la formación de un instituto político católico, entonces sí podría entrarse al debate sobre si sería deseable o no que existiera tal. La decisión tendría que corresponder al electorado y el pronunciamiento final se tendría que hacer en las urnas. Volviendo al argumento de la intolerancia, por ejemplo nada impidió la formación en el sexenio pasado de un partido político, llamado "Mexico Posible", que se vinculó abiertamente con los grupos "sexualmente diversos", al grado de postular como candidato a diputado a un "transgénero", cuya candidatura fue reconocida por el IFE. Y retomando el argumento de la decisión en las urnas, conviene recordar que dicho partido perdió su registro como tal por no haber alcanzado el porcentaje mínimo exigido por la ley, razón por la cual se extinguió.

El cuestionamiento de fondo radicaría sobre si, en caso de conquistar cargos de elección popular, o incluso llegar al poder, un partido católico sólo defendería en la legislación y la práctica los valores que la orientan (por ejemplo, prohibición del aborto, de la pena de muerte, ¿de la convivencia de personas del mismo sexo?), incidiría sobre políticas públicas (por ejemplo, fin a la distribución gratuita de preservativos o anticonceptivos) o si impondría la forma de vida que la fe de sus miembros mandata aún a quienes no compartan dicha fe (por ejemplo, obligación de ir a misa los domingos o de pagar el diezmo). Eso sería, francamente, indesable en un Estado que, por otra decisión política fundamental, ha elegido la libertad de culto y, por tanto, tiene una composición confesionalmente diversa, además de que tales imposiciones podrían ser, en buena medida, producto del dogma.

Tal vez sería importante otorgar el beneficio de la duda; quisiera pensar que, por ejemplo un, digamos, "partido mexicano de la diversidad sexual" que llegara al poder no impondría a la gente como obligación adoptar un "estilo de vida" sexualmente diverso, sino que más bien propugnaría por la igualdad de derechos entre sexualmente diversos y no diversos en aspectos como el matrimonio y otros derechos civiles. Igualmente quisiera pensar que un "partido católico mexicano" no impondría la fe católica como única y obligatoria en México, como lo fue hasta el Siglo XIX, aún depués de la independencia (era precisamente una de las Tres Garantías).


Como última reflexión postularía que si verdaderamente se confía en la madurez política del pueblo de México, en que ese pueblo cree en la separación de iglesias y Estado, y en la eficacia de los organismos electorales, no hay razón suficiente para pronunciarse a priori y sin analizar su legalidad, en contra de la formación de un partido político de una u otra fe o confesión y rasgarse las vestiduras por ello. De no haber impedimento jurídico, debería permitirse que se forme tal instituto político y que el electorado decida en las urnas si es que es su voluntad ser representados y gobernados por personas de fuertes convicciones católicas o no.